LA EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR… Y EL PAÍS TAMPOCO.

Adaptación del texto “L’educació no pot esperar. I el país tampoc” de la FMRPC

El pasado 23 de junio, la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña  publicaba en su web el texto “l’educació no pot esperar. I el país tampoc”. Después de los tiempos de movilización que hemos vivido en el último trimestre, hemos decidido hacer nuestras la gran mayoría de las reflexiones de la federación de Catalunya para aplicarlas al sistema educativo del estado español en general

No se puede esperar más. Hemos de elegir entre continuar gestionando el sistema con medidas parciales y acuerdos puntuales, o apostar, de una vez por todas, por una transformación estructural basada en el consenso, la responsabilidad colectiva y la visión a largo plazo.

Los acuerdos recientes a los que se está llegando, no son más que un punto de partida

que solo tendrán sentido si se transforman en una apuesta más ambiciosa que coloque en el centro la justicia social, la calidad para todas las personas y la confianza en la profesionalidad.

Hay momentos en los que un país debe reflexionar y hacerse preguntas incómodas. La comunidad educativa lo ha expresado de manera inequívoca y ha forzado el paro para, más allá de las reivindicaciones concretas, cuestionar alto y claro: ¿hacia dónde va el sistema educativo? Los acuerdos conseguidos suponen un reconocimiento de las dificultades en el ejercicio de la labor docente en un sistema tensionado tras años de recortes, de sobrecarga, de incertidumbre y de inacción.

No es fácil encontrar el marco donde tengan cabida reivindicaciones laborales legítimas y exigencias necesarias de mejora sistémica pero sería un error considerar los acuerdos alcanzados como suficientes. Hay que estudiar en profundidad las problemáticas profundas que afectan a las aulas y a los centros educativos. El sistema educativo sigue arrastrando deficiencias que no son coyunturales, sino estructurales. No hablamos sólo de carencias materiales —como las aulas prefabricadas que se perpetúan o la insuficiencia de servicios básicos en determinadas etapas—, sino de un conjunto de tensiones más profundas que recorren el sistema de arriba abajo..

En los últimos años, la inclusión y la equidad se han situado en el centro del debate educativo. Pero el reto real es uno solo: garantizar que todos y todas, independientemente de su origen o de sus circunstancias, puedan aprender y progresar en condiciones dignas. Los avances en la dotación de recursos son importantes y a menudo responden a demandas legítimas. Pero la cuestión de fondo sigue abierta: ¿estamos avanzando hacia un modelo realmente inclusivo, o estamos ampliando recursos dentro de un sistema que sigue generando desigualdades? La respuesta a esta pregunta exige una estrategia clara: un plan que integre la lucha contra la segregación escolar, el despliegue efectivo del modelo inclusivo, la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, y la prevención del abandono escolar prematuro.

Las desigualdades sociales entran en la escuela con fuerza y condicionan las trayectorias educativas de la infancia. La segregación escolar persiste y se alimenta de dinámicas residenciales y de mercado que ninguna política educativa aislada puede resolver por sí sola. Los resultados educativos generan debate pero raramente con la profundidad que merecen. Y, de manera creciente, se detecta una percepción social de desconfianza hacia la escuela y sus profesionales que erosiona su capacidad transformadora.

En el centro de este diagnóstico hay una realidad que no podemos normalizar: la pobreza infantil sigue marcando el destino educativo de demasiados niños y niñas. Esto no es una cuestión social ajena a la escuela; es un fracaso colectivo que impacta directamente en la calidad y la equidad de nuestro sistema. La escuela puede ejercer una función compensadora relevante, pero tiene límites evidentes. Por ello, cualquier política educativa de equidad que no se articule con políticas sociales más amplias —de renta, de vivienda, de atención a la infancia— está condenada a quedarse corta. Las desigualdades que se manifiestan en el aula tienen su origen, en gran medida, fuera de ella. La pregunta es: ¿qué tipo de alianza necesita la educación?


Hay que avanzar hacia una fase, de carácter político y estratégico, que vaya mucho más lejos de la negociación laboral. Necesitamos un compromiso amplio, transversal, participado y sostenido en el tiempo. Una alianza que permita definir de manera compartida los principales retos del sistema (como los contenidos curriculares, los problemas derivados de los medios de comunicación intermodales, pluriculturalidad, políticas medio ambientales, formación del profesorado, control político de procesos educativos, nuevos modelos económicos, nuevas ideologías políticas, etc.), establecer líneas de actuación a medio y largo plazo, y garantizar su continuidad más allá de los ciclos legislativos.

El sistema educativo requiere perspectiva, planificación y continuidad. Perspectiva, porque sin horizonte no se puede sostener el compromiso colectivo. Planificación, porque las transformaciones educativas no se producen en un mandato. Continuidad, porque sin ejecución sostenida, la perspectiva se vacía y genera aislamiento, frustración y desconexión en los profesionales que deben implementarla. Este proceso solo será viable si se articula un espacio real de diálogo social y político, con la implicación de administraciones, fuerzas políticas, entidades y comunidad educativa. 

La pregunta es: ¿qué tipo de alianza necesita la educación?

Hay que explorar formas de gobierno que vayan más allá de los marcos formales existentes: consejos de comunidad educativa con poder deliberativo real, pactos territoriales que conecten escuela y municipio, foros de participación donde la voz del profesorado, las familias y el alumnado no sea meramente consultiva. Sin este marco compartido, cualquier transformación tenderá a ser parcial y provisional.

El debate sobre los resultados educativos tampoco se puede aplazar. La sucesión de datos de pruebas internacionales sitúa periódicamente esta cuestión en el centro de la agenda pública. Hay que afrontarlo con rigor y evitar simplificaciones. Los resultados educativos no se limitan a las propuestos por la autoridades económicas (OCDE, FMI, Banco Mundial), cuyo único objetivo es el crecimiento, sino incluir también la formación artística y humanística, la capacidad crítica, la educación en valores y la construcción de una ciudadanía democrática. Reducir la calidad a una sola dimensión medible es empobrecimiento, no rigor.

Hay que reforzar la corresponsabilidad las municipalidades dotándolas de mayor capacitad de acción y de medios para llevarla adelante. Los servicios territoriales y la inspección educativa deberían ser agentes de acompañamiento y de evaluación externa, no solo de control

La consolidación de un modelo de equidad e inclusión de calidad no depende únicamente del volumen de recursos, sino de la coherencia entre la planificación general y los mecanismos de implementación ajustados a la realidad de cada centro y de cada territorio. Hay que reforzar la corresponsabilidad las municipalidades dotándolas de mayor capacitad de acción y de medios para llevarla adelante. Los servicios territoriales y la inspección educativa deberían ser agentes de acompañamiento y de evaluación externa, no solo de control. Dicha evaluación ha de dirigirse a garantizar estructuralmente la participación real de entidades, asociaciones y otros agentes socioeducativos para así avanzar hacia una autonomía de los centros, vinculada a proyectos educativos sólidos y conectados con el entorno, unos proyectos quizás singulares, pero no aislados. Esta autonomía necesita estabilidad de plantillas, reducción de la burocracia que ahoga el trabajo pedagógico, y la convicción de que la relación entre los profesionales de la educación y la administración no puede ser estrictamente contractual y vertical, sino de corresponsabilidad y confianza mutua.

Hablar de calidad educativa sin abordar la carrera docente es una contradicción. El desarrollo profesional docente debe volver a ocupar un lugar central en la agenda educativa. Ello implica repensar en profundidad la formación inicial —que debe ser más práctica y más conectada con la investigación—, los procesos de acceso a la función pública para los docentes noveles, la formación permanente como derecho y no como obligación, y los sistemas de evaluación y reconocimiento profesional, dentro de una mirada que incorpore el conjunto de profesiones educativas presentes en los centros.

La calidad del sistema se construye, en buena parte, desde la profesión docente. Y el docente es, en su esencia, un sujeto y mediador cultural que participa de la educación como acto político y social: no transmite contenidos neutros, sino que construye con su alumnado una manera de estar y de comprender el mundo. Reconocer y fortalecer esta dimensión es fundamental.

Ahora bien, hay que evitar una simplificación peligrosa. Si aceptamos sin matices que la calidad del sistema es la de sus docentes, corremos el riesgo de atribuirles en exclusiva los límites del sistema. Y eso, insensibiliza una realidad fundamental: la educación no se produce en el vacío sino en un contexto social que proyecta 

desigualdades, tensiones y contradicciones dentro de la escuela. El docente no puede ser, al mismo tiempo, agente de transformación y responsable de todos los fracasos.

Por ello, el desarrollo profesional docente es imprescindible, pero no puede convertirse en una coartada para no abordar los factores sociales que condicionan la educación. Hay que avanzar hacia una estructura estable de políticas docentes, situándose dentro de una visión sistémica y articulada, que combine exigencia y reconocimiento, autonomía y responsabilidad compartida.

Hay un elemento a menudo invisible pero cada vez más determinante: la confianza social en la educación. Se detectan signos preocupantes de desconfianza, desilusión e incluso desinterés hacia la escuela pública. Revertir esta tendencia no es una cuestión de relato, sino de hechos y de posicionamiento.

Parte de este problema tiene que ver con cómo se habla de la escuela en el espacio público. Los medios de comunicación tienden a cubrir la educación desde los conflictos, los fracasos o las polémicas, y raramente desde las transformaciones silenciosas y valiosas que se producen cada día en miles de aulas. Habría que construir una narrativa pública diferente, más fiel a la complejidad de lo que sucede en los centros, y en la que los equipos docentes tengan voz propia. La presencia de docentes en el debate público —como profesionales, como intelectuales, como ciudadanía— es una condición para la recuperación de esta confianza.

Pero la confianza no se recupera solo con comunicación, hay que repensar el papel de los centros educativos como núcleos comunitarios, abiertos al territorio, articulados con las familias y las entidades, presentes en la vida colectiva del barrio o del pueblo. Una escuela cerrada sobre sí misma es una escuela vulnerable. Una escuela conectada con su entorno es una escuela que genera pertenencia y que tiene más capacidad de ser defendida cuando es necesario.

En este sentido, es necesario que la administración educativa abandone la tendencia a legislar desde arriba sin escuchar desde abajo, y que los centros dejen de sentir que cada nueva política es una capa más sobre las anteriores, sin evaluación ni memoria. La confianza se construye con coherencia, con tiempo y con la sensación de que, quienes trabajan en las escuelas y quienes las habitan, cuentan de verdad.

LA EDUCACIÓN NO PUEDE ESPERAR…
Y EL PAÍS TAMPOCO.

Desde la CEMRP, creemos que el estado español se encuentra ante una decisión de fondo: continuar gestionando el sistema con medidas parciales y acuerdos puntuales, a menudo contradictorios entre las diferentes autonomías, o apostar, de una vez por todas, por una transformación estructural basada en el consenso, la responsabilidad colectiva y la visión de largo plazo. El actual ministerio responsable del sistema educativo tiene la obligación de supervisar a las diferentes autonomías para evitar desfases, desajustes y incumplimiento de los objetivos educativos generales. En este sentido, cualquier iniciativa autonómica dirigida a cercenar los derechos de la comunidad educativa, contradecir los objetivos educativos, introducir medidas de censura, coartar la independencia de los proyectos curriculares, eliminar las acciones en pro de una convivencia pacífica y productiva, etc., han de ser cortadas de raíz desde el estado central.

En setiembre nos espera un nuevo curso con muchas incertidumbres a todos los niveles de la educación tanto pública como privada concertada. Una potente conferencia educativa participada por todos los agentes educadores y arbitrada por el estado central, podría encauzar muchas de les reivindicaciones como entre otras:·        

  • El rol en las aulas de los medios de comunicación intermodales en la educación dentro y fuera de las aulas.
  • La independencia del sistema educativo ante posturas populistas e invasoras de partidos políticos.
  • La formación del profesorado ante los retos de la sociedad actual altamente informatizada.
  • as derivas éticas y los derechos humanos ante las exigencias del tecno-capitalismo y de la sociedad del conocimiento.

La educación debe tener siempre como principal objetivo a los sujetos más débiles del sistema: EL ALUMNADO

Confederación Estatal de Movimientos de Renovación Pedagógica
Julio 2026